Abren diligencias ante las prácticas de empresas en el cobro de morosos

En el escrito remitido por Chamizo fiscal del TSJA, Chamizo indica que esta Institución "viene recibiendo  cada vez con más frecuencia quejas ciudadanas denunciando la  actuación de determinadas empresas de cobros de morosos cuyas  prácticas parecen superar los límites de lo aceptable rayando en  algunos casos en lo que podrían considerarse comportamientos  delictivos".

Ha recordado que cuando la situación de morosidad se prolonga en  el tiempo, "suele ser frecuente que las empresas acreedoras  encomienden la gestión de los cobros a empresas dedicadas  específicamente a esta actividad, que han proliferado enormemente con  la presente crisis".

Chamizo deja claro que la actividad de gestión de cobros que  realizan estas empresas "es perfectamente legal y encuentra acogida  en nuestro ordenamiento jurídico y en la práctica mercantil".

No obstante, a la vista de las quejas recibidas, advierte de que  "últimamente, quizás por la mayor competencia entre estas empresas o  por las mayores dificultades para el cobro derivadas de la dureza de  la crisis económica, se ha producido un notorio endurecimiento en  las  prácticas de estas empresas que en bastantes ocasiones llegan hasta  límites que pudieran considerarse como delictivos".

Así, Chamizo explica en su escrito al fiscal del TSJA que "las  personas nos denuncian que sufren la recepción de llamadas incesantes  requiriendo el pago de las deudas, que no sólo se producen durante el  día sino que, en muchos casos se extienden a la noche, utilizando  sistemas de automáticos de rellamada que obligan a los deudores a  mantener descolgados sus terminales o a cambiar de número telefónico  con frecuencia".

Chamizo asevera que dichas llamadas "incluyen con frecuencia todo  tipo de amenazas e insultos y no toman en consideración si la persona  que contesta es el deudor u otra persona distinta".

Apunta incluso que "en algún caso se ha denunciado que las  llamadas han sido atendidas por menores, hijos del deudor, sin que  tal circunstancia haya disuadido a la empresa de cobro de morosos,  antes al contrario, no ha dudado en informar a los menores de las  deudas de sus progenitores y advertirles que si no pagaban perderían  sus domicilios e incluso irían a la cárcel, originándoles una grave  situación de ansiedad y angustia".

Chamizo agrega que "también han sido varios los casos en que se  denuncian llamadas o visitas a terceras personas sin relación con la  deuda que se pretende cobrar, especialmente vecinos y parientes del  deudor, a los que se informa de las deudas existentes, vulnerando la  normativa de protección de datos, y se les conmina a realizar  gestiones ante su vecino o pariente para que haga efectivo el pago".

Apunta además que "en ocasiones, estas llamadas y visitas a  terceras personas se repiten una y otra vez, incluso en horario  nocturno, advirtiendo que las mismas seguirán hasta tanto no se  efectúe el pago de la deuda".

Chamizo indica que "son bastantes los casos en que las personas  promotoras de las quejas nos refieren la escasa efectividad de las  denuncias presentadas, ante la dificultad probatoria que presentan  estos casos, siendo frecuente que dichas denuncias queden archivadas  sin que las prácticas intimidatorias cesen".

Del mismo modo, según agrega, la intervención de la Agencia de  Protección de Datos "resulta de escasa eficacia, puesto que la  intervención sancionadora de la misma exigiría demostrar previamente  que se ha producido la puesta a disposición de terceros de los datos  de carácter personal que han sido cedidos legítimamente a las  empresas de cobros de morosos, algo que igualmente presenta grandes  dificultades probatorias".

Por ello, Chamizo ha decidió dirigirse a esa Fiscalía del TSJA a  fin de someter a su consideración "la posibilidad de iniciar una  investigación de oficio sobre las prácticas de estas empresas de  cobro de morosos".

Asimismo, piden que les informara "acerca de los posibles tipos  delictivos que podrían constituir las prácticas denunciadas y sobre  las medidas de protección y defensa que resultarían más oportunas en  este tipo de casos, a fin de trasladar esta información a las  personas que presentan nos queja". Por último, le piden que indique  "en qué supuestos deberían ser trasladados a esa Fiscalía los hechos  denunciados en forma de queja ante esta Institución, por resultar  presuntamente constitutivos de algún tipo de delito perseguible por  la misma".